Si la “opinión del pueblo” es la que va a decidir lo que se hace o no se hace en este y en el próximo gobierno, sugiero que Morena organice una encuesta en la que le pregunte a la gente si quiere seguir pagando impuestos o si prefiere no hacerlo.

Le aseguro que la abrumadora mayoría de los entrevistados le van a responder que prefieren no pagar impuestos.

Pero, pueden preguntarse otras cosas más. Por ejemplo, se puede preguntar si el gobierno mexicano debería seguir pagando su deuda externa o si esos recursos debieran destinarse a los programas sociales y los proyectos de inversión.

Ninguna de las dos decisiones es posible ni conveniente.

Tan claro es el asunto que, de acuerdo con la propia Constitución, los temas fiscales no pueden ser objeto de las consultas populares.

Qué impuestos cobrar, a quién o a quiénes, a qué tasa y demás detalles son producto de una política fiscal que es elaborada por los especialistas y no es votada por los contribuyentes.

Igualmente, los gobiernos tienen en términos generales la cordura de no someter a consulta el pago de los compromisos externos, a sabiendas de que una gran parte de la población se inclinaría por no pagar sin tomar en cuenta que esa decisión podría generar muchos más problemas que los que pretende resolver.

¿Por qué entonces sí debiera estar sujeta a la decisión de la gente la designación de ministros, magistrados y jueces?

Le comentaba ayer, que luego de lo señalado por el presidente López Obrador, al calificar de inamovible este precepto, a los opositores a la reforma les queda el recurso de minimizar el daño que la reforma constitucional hará en materia de certeza jurídica para el país.

El gran riesgo que existe es que los procedimientos votados por Morena en las cámaras conduzcan a la conformación de un Poder Judicial hecho a la medida de una presidencia autocrática.

Si se crea esa impresión, tenga la certeza de que aun las empresas que han dado el beneficio de la duda al nuevo gobierno empezarían a considerar seriamente un cambio en su visión respecto a la posibilidad de invertir en México.

Menudo problema es el que enfrentarán Claudia Sheinbaum y su equipo.

Por un lado, tendrían que conciliar con las propuestas que López Obrador formuló, pues él sigue siendo el presidente constitucional hasta el 30 de septiembre próximo.

Pero al mismo tiempo deben convencer a los inversionistas y a los mercados de que el daño que habrá de padecer la certeza jurídica luego de que la reforma se realice, va a ser menor y que pueden tener la confianza de seguir invirtiendo en México.

En los próximos días y semanas veremos si el gobierno de Sheinbaum y las cámaras del Congreso con las que su gobierno habrá de operar, tienen el talento suficiente para contener los temores.

La depreciación del peso frente al dólar se contuvo, pero eso no garantiza que la estabilidad haya regresado al país.

Los consejos de administración de una buena cantidad de empresas que tienen planes en México están evaluando con cuidado las implicaciones de una hipotética reforma judicial.

Lo que percibo es que van a dar el beneficio de la duda hasta que ésta ocurra en septiembre, pero si se percibe que pueda ser un problema, tendremos un fin de año bastante complicado en materia financiera.