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Las instituciones, creaciones humanas al fin, requieren evaluarse y mejorarse constantemente. Tratándose de instituciones al servicio de los ciudadanos este requerimiento se torna mayúsculo e imperativo.

Nuestro poder judicial requiere, sin duda, de una reforma profunda en aras de lograr, sobre todo, una administración de justicia eficiente para los ciudadanos. Es esta una deuda histórica pendiente en nuestro país.

Merecemos una reforma profunda que fortalezca al poder judicial y su independencia, que genere jueces más capacitados y bien remunerados, que genere confianza en la ciudadanía y abone al fortalecimiento de la división de poderes y el Estado de Derecho. Que genere prestigio y certeza de nuestras instituciones y nuestro país, y que atraiga (y no ahuyente) inversiones.

Esto es lo que nuestra próxima presidenta, la Dra. Sheinbaum, y nuestra República merecen, si pretendemos transitar a un mejor país y seguir construyendo bienestar a lo largo del próximo sexenio.

La propuesta de reformas al poder judicial, dada a conocer por el presidente el 5 de febrero, incluye modificaciones que desafortunadamente se alejan de los propósitos anotados y parecen atender a necesidades de carácter ideológico y de coyuntura política en una administración muy próxima a concluir su gestión.

La narrativa oficial asevera que el pueblo ha mandatado al régimen a modificar un poder judicial, que ha sido capturado por minorías contrarias al interés general, y que la solución pasa necesariamente porque los jueces federales sean elegidos mediante voto popular.

Alrededor del mundo, los jueces deben ser imparciales y tomar decisiones basadas en la ley y en la justicia, no en popularidad de campaña o en presiones públicas o políticas.

No existe un solo país en el mundo que designe a sus jueces federales a partir de un ejercicio de elección popular, salvo por Bolivia, en donde, después de dos elecciones en los años 2011 y 2017, el sistema ha resultado en un rotundo y absoluto fracaso.

Los jueces federales bolivianos fueron elegidos a partir de una preselección (integrada en su totalidad por individuos incondicionales del partido en el poder). Lejos de cumplirse la promesa de erigirse en jueces capaces e independientes, estos se han convertido en funcionarios a modo y burócratas incondicionales, cuyo único incentivo es servir al del régimen en turno y conservar sus puestos y canonjías.

Las condiciones actuales de mayorías abrumadoras del partido en el poder en México replican de alguna forma aquellas prevalecientes en la Bolivia de Evo Morales, en los años 2009 y 2011, cuando fue promulgada la constitución boliviana y se dio el primer proceso de elección de jueces por votación popular.

¿De verdad esto queremos para nuestro país?, ¿qué nos hace suponer que el experimento mexicano arrojará resultados diferentes?

Los jueces deben ser elegidos tomando en consideración una preparación adecuada que garantice la calidad y la integridad del sistema, aislados, de origen, de la esfera política.

Además de la elección por voto popular de ministros, magistrados de circuito y jueces de distrito, la reforma incluye elementos preocupantes como la imposibilidad de suspender normas en controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad y la prohibición de emitir sentencias y suspensiones con efectos generales en amparos que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales.

Estos elementos parecerían más una respuesta erosiva y enfadada de la presente administración a los contrapesos con los que se ha enfrentado, una y otra vez, al pretender mantener vigentes leyes con claros vicios de inconstitucionalidad. Es necesario preguntarse, ¿los jueces federales deben ser señalados y fustigados por suspender y declarar la inconstitucionalidad de leyes mal discutidas con serias deficiencias de fondo?, ¿quién es responsable cuando estas devienen en su mayoría de iniciativas malogradas desde el poder ejecutivo y solapadas en el poder legislativo?

El tema no es menor y en días recientes los mercados han reaccionado en forma claramente reprobatoria de la reforma.

Se ha adelantado que esta iniciativa transitará tan pronto como inicie la nueva legislatura el 1 de septiembre de 2024 y será aprobada durante el primer periodo de sesiones.

Se ha mencionado también que, en aras de legitimar una decisión que en apariencia ya ha sido tomada, se realizarán consultas a modo (similares lo ocurrido en octubre de 2018) y se convocará a una especie de parlamento abierto fast track durante el verano.

Es necesario decirlo con todas sus letras: como está planteada la iniciativa representa un riesgo muy serio a la división de poderes y a la independencia del Poder Judicial y pone en entredicho el Estado de Derecho.

Ni la Dra. Sheinbaum ni el país merecen arrancar la administración con una nueva camisa de fuerza. Démonos el tiempo y la oportunidad de estructurar una reforma judicial verdaderamente edificante.