El pleno de la Cámara de Senadores aprobó por 81 votos de Morena, PT y PVEM, contra 36 del PAN, PRI y PRD, el acuerdo por el que se establece que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo carece de atribuciones para eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la publicación del decreto de reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación, que ordena la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular.

Ello, en respuesta a la consulta específica sobre el tema formulada a la Cámara Alta por Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo federal.

Vía oficio, la jurista consultó al Senado en relación con la resolución de amparo 823/2024, que obliga a la titular del Ejecutivo federal a eliminar la publicación en el DOF del decreto por el que se declaran reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución en materia del Poder Judicial.

Según Godoy Ramos, el Ejecutivo federal emitió el correspondiente decreto promulgatorio y ordenó la publicación en el DOF por lo que la reforma en materia del Poder Judicial pasó a formar parte inseparable del texto constitucional vigente.

No obstante, argumentó en su escrito, la titular del juzgado Décimo Noveno de Distrito en Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, emitió un acuerdo en el que se requiere a la presidenta Sheinbaum Pardo proceda a la eliminación de la referida publicación en el DOF.

“Tal decisión es claramente violatoria de las facultades soberanas del constituyente permanente y a través suyo se pretende obstaculizar la reforma constitucional en cita.

«Dada la gravedad del proceder y una vez que el Ejecutivo federal se limitó a dar cumplimiento a los mandatos emanados de la reforma constitucional, respetuosamente se formula a esta soberanía la consulta acerca de si es procedente eliminar dicha publicación«, precisa el oficio.

La opinión de la consejera jurídica presidencial, según informó, es «en el sentido categórico de que ello no es en modo alguno viable en virtud de que la publicación es un hecho irremisiblemente e irrevocablemente consumado», por lo que la eliminación ordenada por la jueza «es de imposible realización legal, material y táctica. Más aún, se incurriría en flagrante violación al principio de integridad e inalterabilidad del DOF».

Al hablar a favor del acuerdo, Félix Salgado Macedonio afirmó que la jueza Nancy Juárez «no se mueve sola, a la jueza la mueven. ¿Quién la mueve? Los intereses de la derecha, que es nada más la que está fastidiando».

Marko Cortés (PAN) se posicionó en contra y pidió a la mayoría legislativa no pretender «que sea el Poder Legislativo el que le lave la cara a la presidenta de la República, en un claro desacato».

rolando.ramos@eleconomista.mx

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