Es importante que exista un foro para expresar las opiniones, principalmente de los juristas, legisladores y expertos, en torno a la pretensión presidencial de reformar el Poder Judicial, mediante la elección directa de jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, eso de engañar a los ponentes con que algunas de sus consideraciones se incorporarán en la susodicha reforma, es una falacia, toda vez que la orden imperial es que no se cambie ni siquiera una coma.

Hay que considerar que la elección de los jueces es contraria a la misma existencia de esta figura central de impartición de justicia, ya que no van a representar a nadie como lo hacen los diputados o senadores, es decir, no lleva el criterio del elector, sino que lleva el suyo propio, especializado y docto para interpretar la ley que no esté a disposición de las pasiones ni a un origen viciado por una contienda electoral.

Sin división de poderes no hay democracia y viceversa, luego entonces, todo el castillo de naipes que se construye como justificación para relevar a los ministros, magistrados y jueces, por personas nombradas a través del voto, es una farsa, ya que estos, seguramente afines a la 4T, se plegarán, sin duda, a los designios del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En tiempos de la dictadura perfecta del PRI, no se movía nada sin la venia del presidente en turno; a la caída del priismo en el 2000, se empezaron a llevar a la práctica los ordenamientos constitucionales relativos a lo que señala el artículo 49 constitucional en torno, precisamente a la división de poderes y ello, de suyo vino a fortalecer los contrapesos al Poder Ejecutivo federal y todo iba caminando en este sentido, hasta que llegó a la Presidencia de México Andrés Manuel López Obrador, y como los cangrejos regresamos al pasado con la instauración de la presidencia imperial.

Hemos insistido en otras colaboraciones en que la primera mujer presidenta no necesita este tipo de armaduras autoritarias para que su gestión sea aceptable, al contrario, mientras más se fortalezca el respeto a la Carta Magna y a los derechos fundamentales, más encomiable sería su administración.

Ni AMLO es Sheinbaum, ni la doctora tiene el mismo ADN autoritario del tabasqueño, por ello, es menester que le flanqueen el paso hasta el 1 de octubre, fecha en que asumirá la Presidencia de la República, para entonces mostrar su auténtica dimensión.

El coletazo del totalitarismo, propio de las dictaduras de la región, al pretender someter al Poder Judicial, no ayuda a los que menos tienen y menos a mejorar la impartición de justicia; en cambio, con la efervescencia que ha causado en la devaluación del peso frente al dólar, la caída de la bolsa de valores y el incremento de los intereses que paga el gobierno mexicano, con motivo de la deuda pública, se le pone en serios escollos a Claudia Sheinbaum en el arranque de su gestión.

De hecho, en los primeros cien días se verá qué tanto empuje propio tiene y sobre todo, observar que las promesas vertidas en la campaña política se hagan realidad.

Decíamos ayer que el estigma del Maximato persigue a la doctora, toda vez que le ha sido impuesta una agenda en la que no necesariamente está de acuerdo, como la propia reforma al Poder Judicial, también se le está diseñando un gabinete al gusto del presidente actual, además de que el famoso bastón de mando lo tiene AMLO y así será hasta que la presidenta quiera.

Mientras tanto, tendremos que estar en el debate público en torno a la reforma judicial, al establecer claramente que es inadmisible la concentración del poder público en uno de los tres poderes.

Los partidos políticos de oposición han establecido su rechazo a la reforma, empero hay que observar la vehemencia con la que se oponen, porque una cosa son las declaraciones y otra la votación que harán en el Congreso y su disposición a tener listos los recursos de inconstitucionalidad para evitar a toda costa que este ‘Frankenstein’ legislativo-jurídico, tenga vida propia.

Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano, señaló que el sometimiento de los poderes es un acto de deslealtad que genera corrupción, ya que subordinar a la justicia es pervertirla.

No es exagerado decir que sin la autonomía plena del Poder Judicial, no habría democracia y menos se podrá garantizar el irrestricto respeto a la Carta Magna, porque los asuntos torales en donde hay controversia, los resolverá el presidente de la República a través de sus jueces electos por elección directa.