El Estado mexicano tiene una forma dual, dice Claudio Lomnitz en su ensayo sobre el tejido social. Por una parte, un espacio económico que comparte los rasgos de modernidad de Norteamérica. Una “ínsula de los derechos” en la que predomina la formalidad, hay grados razonables de certidumbre y los conflictos sobre la propiedad, el trabajo, el capital y el comercio tienen cauces institucionales de solución. La otra es el reino de la informalidad, donde los bienes de la economía se asignan por la fuerza extractiva de lo ilícito. El Estado fallido en el que la autoridad simplemente no existe para ordenar y pacificar las relaciones sociales. Dos México coexistiendo en una contradicción insuperable.

La reforma de 1994 al Poder Judicial fue una de las principales reformas liberalizadoras que crearon esa ínsula de los derechos. La intención de ese modelo de justicia no era únicamente cimentar las bases institucionales mínimas para hacer efectiva la integración comercial firmada en el TLC –la nueva “idea de Norteamérica”–, sino formar un Estado de derecho que gradualmente se expandiría al resto de la economía y sustituiría los pactos informales del régimen autoritario. La combinación entre economía abierta, democracia política, imperio de la ley y justicia profesional e independiente, cerraría la brecha entre los dos México: el polo pujante levantaría las anclas del atraso económico y la debilidad institucional del resto.

El plan C de Morena significa la concentración del poder en una mayoría política. La vuelta al presidencialismo que no tiene contrapesos. La captura de “los instrumentos de gobierno para ampliar los márgenes de la presión política y de la extorsión en la economía como un todo”, de acuerdo con Lomnitz. El problema no sólo radica en el método de nombramiento de los jueces, magistrados y ministros. En ese experimento que, salvo Bolivia, es inédito en el mundo y que implica elegir por las urnas a la judicatura. El riesgo estructural es la disolución de los límites y cauces al poder temporal que asignan las urnas. La imposibilidad de corregir la actuación arbitraria de la mayoría contingente. Al desaparecer al Tribunal Constitucional, la Constitución se convierte en un símbolo, en letra muerta, en la prosa que no es norma. Es Ulises desatado del mástil de las contenciones.

No se puede negar que el plan C está implícito en el resultado electoral. El Presidente no engañó a nadie: advirtió con claridad que ante la falta de votos en el Congreso sometería su agenda a plebiscito. La candidata electa hizo campaña con las seducciones narrativas de la contrarreforma judicial: eliminar privilegios, erradicar la corrupción, devolver a los representantes del pueblo la última palabra en la configuración de la ley como expresión de la voluntad popular. Con esa caricatura de que los 11 togados estorban la realización de la transformación en los tecnicismos y el culto a los consensos petrificados del pasado. En el argumento antielitista de que la Corte es guardián celoso de los intereses de los poderosos.

Morena puede interpretar el plan C como mandato porque las oposiciones renunciaron a defender el modelo de modernización de la transición, incluida la reforma de 1994. Por eso a nadie debe extrañar que el sonsonete sea popular y motive vítores en los mítines: enfrente no hay contrargumento persuasivo. Y es que la coalición opositora de huesos no hizo pedagogía política más allá del “no se toca”. Renunció a defender los bienes públicos que heredaron.

Las oposiciones deben aceptar la oferta de diálogo sobre la reforma. Pero no en el formato de parlamento abierto que únicamente termina en pasarela. De esos recitales de sordos. Tampoco en las consultas partidarias hechas a modo. Habría que tomar el riesgo de someter cualquier intento de reforma a la combatividad democrática de un referéndum. A la posibilidad de politizar su orientación e implicaciones. Politizar en el sentido literal de la expresión: que el bando del “sí” justifique sus posiciones y el bando del “no” reanime la conciencia política de las racionalidades que pretende conservar. De convencer electoralmente frente a la intransigencia. En una de esas triunfa la razón de los límites y equilibrios. Pero por lo menos se habría despejado la duda de si los ciudadanos efectivamente votaron por la destrucción del modo liberal de ser de nuestra democracia.