Los recientes hechos de violencia registrados en el país, como lo ocurrido en Sinaloa, Guanajuato, Guerrero, Tabasco, Chiapas y Tamaulipas, son muestra de los frentes abiertos del gobierno federal en materia de delincuencia organizada.

Según el Ejecutivo, en el país hay al menos ocho grandes cárteles, dos transnacionales y seis nacionales, que generan altos índices de violencia en el país, pese al despliegue de miles de soldados, marinos y guardias nacionales.

Además, hay decenas de pequeñas organizaciones que igualmente buscan el control de territorios para actividades criminales. En 28 días del actual gobierno suman ya unos 2 mil 100 homicidios dolosos.

En Sinaloa, gobernado por el morenista Rubén Rocha Moya, por ejemplo, La Mayiza y La Chapiza, dos facciones del Cártel de Sinaloa, han ensangrentado a la entidad. Desde el 9 de septiembre pasado se declararon la guerra.

Dicha confrontación deriva de la traición de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán a su padrino, Ismael El Mayo Zambada, a quien entregaron el 25 de julio pasado, contra su voluntad, al gobierno de Estados Unidos.

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En 48 días de la disputa entre La Mayiza y La Chapiza, suman en Sinaloa unas 300 personas asesinadas, así como un número similar de desaparecidas.

Entre los muertos están 19 personas abatidas por el Ejército, acción en la que, además, se detuvo a Edwin Antonio Rubio, El Max, operador del Mayo Zambada. El caso está bajo investigación por posible violación a derechos humanos.

Mientras que en el estado de Guanajuato, otro frente de violencia abierto, la disputa es entre los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Santa Rosa de Lima (CSRL), principales generadores de violencia en municipios como Celaya, Irapuato, Acámbaro y Jerécuaro.

En estos dos últimos municipios, el jueves pasado, hicieron estallar dos coches bomba, en ataques dirigidos a las policías municipales, hechos considerados por la propia alcaldesa de Acámbaro, Claudia Silva Campos, como “narcoterrorismo”.

La explosión del coche bomba también dejó severos daños materiales en el edificio de Seguridad Pública, en cuatro viviendas aledañas y en siete vehículos particulares, informó la Dirección de Seguridad Pública de ese municipio.

Un frente más abierto está en Guerrero, que gobierna la morenista Evelyn Salgado, hija del senador Félix Salgado Macedonio. Ahí, grupos locales se disputan el territorio.

El 6 de octubre decapitaron a Alejandro Arcos Catalán, quien tenía seis días como alcalde de Chilpancingo, capital del estado, y el jueves pasado, en Técpan de Galeana, chocaron los cárteles Guerrero Nueva Generación (GNG) y Los Granados.

Ahí hubo también enfrentamientos con el Ejército. El saldo fue de 19 personas fallecidas y 15 detenidas, entre ellas personas de Guatemala y El Salvador, reclutados por cárteles mexicanos.

Datos periodísticos refieren que el GNG es una alianza del CJNG con grupos locales que buscan arrebatar la hegemonía que Salvador Granados Vargas o El señor de los mangos tiene en la Costa Grande.

Los Granados mantienen también hegemonía y operatividad dentro otros municipios como Atoyac de Álvarez y Coyuca de Benítez, luego de replegar a su grupo antagónico, Los Rodríguez.

Al grupo Los Granados se le acusa del asesinato de –por lo menos– 13 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Coyuca de Benítez, el 23 de octubre del año pasado.

Mientras que en Tamaulipas, gobernado por el morenista Américo Villarreal, la confrontación la mantienen los cárteles del Noreste y las diversas facciones del Cártel del Golfo.

En tanto, a Tabasco, que gobierna otro político guinda, Javier May, lo disputan el CJNG y el Cártel de Noreste; mientras que Chiapas, que encabeza el morenista Rutilio Escandón, está sumido en una espiral de violencia por la disputa del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.

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