El triunfo electoral de Claudia Sheinbaum hará que el poder público siga avanzando en su recuperación, después de 40 años de neoliberalismo, y que deberá hacerlo con el propósito principal de lograr que el crecimiento económico sea socialmente incluyente.
Está teórica y prácticamente probado que la economía de mercado carece de ética; en su lógica, la libertad de los mercados es solo para el capital. El gobierno tiene que imprimirle un propósito, una dirección política a la marcha económica del país y adjetivar así la democracia.
Hoy por hoy es de primordial importancia actualizar el pacto que ha vinculado al gobierno con los principales concurrentes a los mercados: las muy grandes empresas, por un lado, y con los trabajadores, por otro lado.
La votación histórica que alcanzó Sheinbaum habla de una narrativa social, que ya no sólo es expectativa, en favor de que se afiance lo que inició López Obrador.
La relación del gobierno con grandes empresas y trabajadores que prevaleció durante 40 años, favoreció a las primeras con toda suerte de acuerdos, tratados, pactos y recursos públicos, mientras se debilitaba a los sindicatos obreros, los salarios y prestaciones perdían capacidad de compra en proporciones mayores que en casi cualquier otro país de América Latina.
Durante este gobierno se inició un proceso que será largo y complejo para equilibrar (ese sí es un equilibrio democrático) las negociaciones laborales en salarios, prestaciones y productividad; se trata de fortalecer la capacidad negociadora de las organizaciones de empleados y trabajadores, propiciando condiciones para su democratización. Tomará tiempo.
Por su parte, el gobierno tendrá que elevar la cobertura social y calidad de los servicios públicos en salud y educación, y estimular el crecimiento de las inversiones privadas con mejor infraestructura de todo tipo, particularmente en materia energética, y con servicios financieros de primer y segundo piso que apoyen a nuevas inversiones.
Para lograr que el crecimiento económico se transforme en desarrollo, el gobierno debe, además, mejorar sus capacidades financieras y operativas, y seguir elevando la confianza social en las normas e instituciones del régimen.
La mera austeridad no bastará para fortalecer las finanzas públicas y en materia jurídica, serán necesarias diversas reformas constitucionales y secundarias que garanticen derechos ciudadanos básicos -la justicia incluida- para el bienestar social.
Sheinbaum sabe que necesita el más amplio consenso social.
Lo que divide a las fuerzas progresistas de las posiciones de derecha en México, y en general, en los países de desarrollo semejante al nuestro, son los intereses en conservar privilegios de las élites, pero no únicamente eso.
De López Obrador les ha molestado sobremanera a las élites económicas que no sean escuchadas como la única voz válida en la toma de decisiones del gobierno y para colmo, que se les cobren los impuestos que no pagaban.
Ciertos intelectuales que parecían referentes de opinión pública antes de las elecciones, como Aguilar Camín y Krauze, al servicio de las élites, se encargaron de atizar temores entre las clases medias.
Lo que transcurría por algunos canales de las redes sociales y las “mareas” en marchas, daba la apariencia de que habían logrado unificar a los sectores medios contra el gobierno exacerbando prejuicios clasistas y miedo de que el discurso de López Obrador provocara expresiones de resentimientos entre sectores de la escala social baja.
Son prejuicios preexistentes a los que recurrieron opinadores, en vez de razonar para contribuir a la crítica constructiva de la marcha del gobierno, pero eso exigía que hubieran asumido que los equilibrios que a todos interesa alcanzar son primordialmente los que aminoren la división de la sociedad por desigualdades.
La derecha identifica el equilibrio entre los poderes que conforman el gobierno -ejecutivo, legislativo, judicial a nivel federal y de los estados- con la democracia y acusa a López Obrador de querer acabar con ella para instaurar una autocracia.
Lo cierto es que cuando hay consenso amplio en los propósitos políticos del crecimiento económico, la división de poderes se establece en torno a «cómo» hacer mejor las cosas, no a «qué» hacer.
Cuando no hay acuerdo en qué hacer, la división del gobierno tiende a detener o a paralizar el desarrollo, tanto el económico como el democrático.
Dije antes que parecía que los intelectuales más conocidos habían unificado temores entre las clases medias, pero la encuesta postelectoral de El Financiero registró que votaron por Sheinbaum nada menos que el 49 por ciento de la clase media alta y el 59 por ciento de la clase media, sectores caracterizados por tener educación superior.
El país, en efecto, está mucho más politizado.
