Los resultados de las elecciones del 2 de junio obligan a los partidos políticos, más a los opositores, a ofrecer explicaciones convincentes y autocríticas sobre el escaso apoyo que lograron en las urnas, basta con revisar que de 300 diputaciones de mayoría relativa, el PAN, por sí solo, ganó tres; el MC, uno y la alianza PAN, PRI y PRD, 39. Apenas 43, ni la sexta parte del total; mientras que, en el senado, por mayoría relativa, la alianza PAN, PRI, PRD, logró dos, y por primera minoría, el PAN, uno; la alianza, 25, y MC, 2.

A reserva de ver qué decisión toman las autoridades electorales con el tema de la sobrerrepresentación, los datos son contundentes. La concentración del poder por la vía del voto ciudadano no solo se refrendó en favor de Morena y sus aliados, sino que se amplió para otorgarles casi mayoría calificada en ambas cámaras. De cualquier manera, es claro que a los partidos políticos les urge una profunda transformación que los regrese al rol constitucional para el que fueron diseñados, sobre todo, para convertirlos en instancias de auténtica representación ciudadana que canalicen adecuadamente la demanda social y sean interlocutores eficaces frente al gobierno monocolor que tenemos.

Voces acreditadas de los propios partidos plantean la urgencia de la transformación, de provocar una vuelta de 180 grados que sea real y no cosmética. Agregaría que la reforma partidaria debe incluir la revisión de los procedimientos para elegir candidaturas y dirigencias que hoy están protegidos en la letra de la ley, bajo el argumento de que su vida interna es intocable. Su democratización interior los acercaría a la militancia y a los grupos de la sociedad, de los que gradualmente se alejaron por privilegiar intereses de cúpulas que se apropiaron de ellos. Continuar por esa ruta sería suicida, como lo fue para el PRD, que después de 35 años perderá su registro, luego de que la mayor parte de su militancia y muchos de sus antiguos dirigentes migraron a Morena.

Hay otro tema asociado a los resultados electorales del 2 de junio: la participación ciudadana que, medida frente a elecciones presidenciales anteriores, disminuyó porcentualmente del 63 por ciento promedio al 61 por ciento, con independencia del tamaño de los listados nominales de electores. Si bien, la mayor parte de los votos se concentró en las candidaturas de la alianza gobernante, el 39 por ciento de los electores no acudieron a las casillas y en ello, hay responsabilidad compartida de partidos vencedores y perdedores que anualmente reciben cantidades millonarias de financiamiento público y que, por ese hecho, están obligados a explicar por qué no logran abatir ese nivel de abstencionismo, por qué sus propuestas no seducen a las y los votantes que siguen ausentes de las urnas.

Viene una etapa crucial para México, que será gobernado por la primera mujer presidenta de nuestra historia, acompañada de un nuevo partido hegemónico frente a una oposición testimonial a la que le urge reinventarse si quiere detener la caída libre y el rechazo de las y los electores que hoy por hoy no están con ellos. Morena y sus aliados igual tendrán que preguntarse por cuánto tiempo durará el enamoramiento del electorado si no logran resolver los graves problemas que aquejan al país.

La democracia mexicana precisa de partidos políticos fuertes que hoy acusan signos graves de debilidad y que podrían estar casi imposibilitados para dar la batalla ante un escenario que dibuja posibles reformas constitucionales que podrían cambiar sensiblemente las características del Estado mexicano.