El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) se enfrenta a un escándalo de corrupción que pone en jaque su integridad y amenaza desviar millones de pesos que son muy necesarios en otros rubros.

Secretaria Luz Elena González, aquí le dejo otra bomba que les heredó la ‘4T’.

Este no es un caso aislado; recientemente, el IMP ha sido señalado por corrupción y nepotismo en la compra de químicos para las refinerías, donde funcionarios de Pemex han involucrado al instituto para beneficiarse de prácticas cuestionables.

En marzo de 2024, el IMP lanzó una licitación para la construcción de una planta de producción de catalizadores. Sin embargo, lo que comenzó como un proyecto clave para la soberanía energética de México se ha convertido en una compleja red de favores, contratos millonarios y retrasos inexplicables. Cosa rarísima en la ‘4T’.

A simple vista, la construcción de una planta de producción de catalizadores en Veracruz parecía una pieza fundamental para fortalecer la capacidad energética del país. Pero lo que no se vio a la luz pública fueron las decisiones internas, plagadas de irregularidades, que permitieron que una compañía con experiencia limitada, cercanamente ligada a figuras de poder, fuera favorecida con contratos millonarios, a pesar de su probada ineficiencia.

Café con piquete

La empresa IDINSA, ligada con altos funcionarios del IMP y otras figuras políticas influyentes, entre ellas la exsecretaria de Energía, hoy flamante gobernadora electa de Veracruz aunque es zacatecana, Rocío Nahle, y que ya había recibido contratos para la refinería de Dos Bocas, obtuvo para este proyecto varios contratos por un total de 591 mdp, a pesar de su incapacidad manifiesta para cumplir con los requisitos técnicos y financieros mínimos.

Sí, y a pesar de los grandes retrasos y deficiencias en la ejecución de los primeros dos contratos, IDINSA, en lugar de ser sancionada, fue premiada con un tercer contrato para instalación de equipo, integración, pruebas y arranque por un monto de –inhale y exhale– 419 mdp, lo que revela un preocupante patrón de favoritismo que plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso. ¡Quihúboles!

Fuerte doble

Pese a estas sumas, el proyecto, lejos de estar en marcha, se encuentra paralizado por retrasos significativos y, según informes internos, por la incapacidad técnica de la empresa contratista para ejecutar la obra.

La raíz de la controversia radica en un proceso de licitación viciado desde su origen.

Una serie de correos electrónicos filtrados, enviados por empleados preocupados del IMP, describe cómo Pedro Hugo Terreros, uno de los principales responsables de la licitación, inclinó la balanza de forma descarada a favor de IDINSA. Pese a que la investigación de mercado realizada por el propio IMP determinó que la compañía no cumplía con los requerimientos técnicos, su oferta económica fue considerada.

En junio de 2024, una semana antes del fallo final, varias quejas formales enviadas al OIC y a la SFP alertaron sobre irregularidades y sobre el sesgo en el proceso de adjudicación, pero ambos optaron por desestimar las quejas, quesque porque no existía suficiente evidencia para abrir investigaciones.

¿Y la Cherokee, apá?

Este nuevo elefante blanco trae sobrecostos sospechosos. Inicialmente estaba valorado en casi 400 mdp, según el estudio de mercado y cuyo presupuesto asignado, según grabaciones obtenidas de la junta del fallo, era de 356 mdp, pero terminó elevándose a más de 419 mdp, en una ampliación presupuestaria que ha levantado serias sospechas debido a la forma tan repentina en que se realizó, tanto que ni los mismos funcionarios presentes en la junta de fallo tenían claro cuál era el monto autorizado, ni por cuánto ni por quién ni bajo qué fundamento, como se puede observar en la transcripción de dicha grabación:

Voz 3

“Sí, en CompraNet se subió eso”.

Voz 5

“Y luego se subió los 420. ¿De dónde salieron los otros?, la diferencia.

Voz 2

“Hay una autorización, una autorización”.

Voz 5

“Pero ¿cuándo se hizo esa autorización?”.

Voz 2

“¡Híjoles! Ahí si no sé”.

Voz mujer

“Los días previos a las publicaciones, este se solicitó este tema”.

Voz 5

“¿Pero a razón de qué es esa autorización? Todavía no sabíamos”.

Voz 1

“¿Cuál fue el fundamento que llevó a esa ampliación de presupuesto solicitado? Porque, de acuerdo a la información que está en CompraNet, tanto el estudio de mercado arroja montos similares al presupuesto original asignado, 356 millones, y como todo eso ya está publicado, aquí es una cuestión de que, si hubo un monto adicional, si hubo un fundamento adicional, tuvo que haberse publicado también, habría que ver qué va a pasar ahí”.

Redoble de tambores

El hecho de que el IMP haya elevado el presupuesto del proyecto justo antes de la adjudicación plantea interrogantes cruciales. Todo sugiere que este aumento fue diseñado para justificar la elección de IDINSA, cuya oferta de 419 mdp superaba el presupuesto original de 356 mdp y, por tanto, debió haber sido desechada.

Este ajuste en las cifras parece una maniobra para acomodar el proceso en favor de IDINSA. ¿O no?

Pese a las evidentes irregularidades, las respuestas de las autoridades del IMP han sido evasivas. La SFP ha sido omisa y el OIC, que debería haber investigado las quejas de corrupción, se limitó a reiterar la legalidad del proceso, ignorando las pruebas presentadas.

El resultado es una obra fantasma.

Una planta de catalizadores que debería haber estado operativa en julio de 2024, pero que a la fecha sigue en construcción, sin perspectivas claras de finalización. La falta de capacidad técnica de IDINSA, un secreto a voces dentro del IMP, ha transformado lo que debería haber sido un logro para la infraestructura energética del país en un proyecto marcado por la ineptitud y la corrupción.

Las implicaciones de este escándalo son profundas. A este paso, el proyecto podría convertirse en otro elefante blanco, una inversión millonaria que no cumplirá con su propósito y que se sumará a la lista de obras fallidas en el país.

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