De todas las propuestas de reforma a la Constitución que la administración del presidente López Obrador ha impulsado con vehemencia desde el pasado mes de febrero, la del Poder Judicial es la que más ha suscitado comentarios en los últimos días, en buena medida debido a los resultados de las últimas elecciones en nuestro país, que no solamente han conferido una amplia victoria a la dra. Claudia Sheinbaum, candidata del partido oficial, al que también se le otorgó la mayoría de los escaños en las cámaras del Congreso de la Unión y casi la mayoría calificada, si se toma en consideración el número de escaños de sus aliados políticos.

Estos resultados han revivido una posibilidad que hasta antes de las elecciones se veía más lejana pues, si bien con la configuración actual del Congreso no sería posible para la presente administración obtener los votos necesarios para aprobar tales reformas, el escenario cambia radicalmente a partir del primero de septiembre de este mismo año, fecha en que entraría en funciones la nueva legislatura, con una configuración que deja abierta la posibilidad de aprobar cualquiera de las reformas constitucionales propuestas y justo a un mes de la entrega de la banda presidencial por parte del presidente López Obrador.

Es por ello que esta semana escuchamos a diversos actores políticos pronunciarse acerca de esta nueva posibilidad, curiosamente con mayor intensidad entre las filas de Morena, dejando ver ciertos matices del equilibrio de fuerzas al interior de ese partido y despertando suspicacias acerca de la independencia que tendrá la presidenta electa en sus decisiones, que ha optado por adherirse al plan y propuesta de su padre y tutor político, en el sentido de proceder a esta reforma constitucional apenas entre en funciones la nueva legislatura.

La verdad es que nadie en este país podría decir que no hace falta una reforma al Poder Judicial, en ello tiene toda la razón la presidencia de la República, sin embargo, en donde comienza a existir cierto nerviosismo, no es en esa determinación, sino en la forma en la que se pretende hacer, de manera autócrata, unilateral, sin consensos, sobre las rodillas, con mayor vehemencia, que inteligencia.

Me atrevo a decir que se trata de una decisión vehemente, porque parece ser más producto de la irreflexión y del impulso que del ejercicio de la prudencia y la racionalidad, en pocas palabras, de la inteligencia, entendida esta última no como una facultad de la persona para entender las cosas, sino más bien como el conocimiento obtenido a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información, para la toma de decisiones estratégicas.

Este tipo de inteligencia es fundamental en el quehacer público, sin embargo, no es sustitutiva de los procesos de toma de decisiones, que en el caso de una reforma constitucional, atiende a procesos deliberativos que se encuentran trazados desde el texto de la propia Constitución política, pero que por el tipo de reforma propuesta, que pretende transformar la forma y términos en los que se ejerce la función judicial en nuestro país, debe abrirse a la participación de los operadores técnicos directamente involucrados con dicha función, no solamente a aquellos que se encuentran al interior de los órganos que hasta el día de hoy la ejercen, que indudablemente conocen de primera mano sus problemas y necesidades, sino también a los colegios de profesionales, la academia, las asociaciones y la sociedad misma, como usuaria y destinataria directa de la administración de justicia.

La reforma al poder judicial no puede hacerse sobre la rodilla, sin tener clara la forma de concretarla de manera adecuada y paulatina, sin afectar a quienes se pretende beneficiar con ella, es decir, al ciudadano que busca en nuestras instituciones el acceso a la justicia. Nada más pensemos que en los términos planteados por la reforma propuesta, el próximo año estaríamos votando por más de mil 600 cargos judiciales, desde ministros, hasta magistrados y jueces en diversas instancias y materias. Este simple hecho, sin considerar los demás aspectos contenidos en la reforma constitucional, nos llevaría a una necesaria curva de aprendizaje de quienes resulten electos, no solamente de lo que corresponde a los aspectos propios de la función judicial, sino también a la especialidad de las materias sobre las que tendrán competencia y la aplicación de los criterios adoptados y los asuntos en curso en cada una de ellas.

Se nos olvida que la función judicial es una actividad técnica, altamente especializada y que requiere de capacitación y experiencia para su ejercicio adecuado, lo que no viene de la noche a la mañana con un simple nombramiento obtenido a través de la elección popular.

Estas medidas me recuerdan a la determinación que, al inicio de su administración, tomó el presidente López Obrador respecto de la compra de medicamentos, una medida unilateral, que sin considerar las posibles consecuencias, ni conocer a profundidad los aspectos técnicos que involucraba dicha actividad, en pocas palabras, sin inteligencia, impactó seriamente al sistema de salud de nuestro país, sumergiéndolo en una de las crisis de abasto de medicamentos más profundas de las últimas décadas y, en el consecuente daño a la salud, e incluso deceso de miles de personas que dependían de estos servicios. Así de grave puede ser una medida impuesta con vehemencia y no con inteligencia.

Ojalá que la dra. Sheinbaum no comience su administración repitiendo la historia de su antecesor, nuestra historia parece estar plagada de decisiones hechas sobre las rodillas, nacidas desde el ejercicio autocrático del poder, sin una inteligencia estratégica, ni los consensos necesarios y, peor aún, con consecuencias funestas para la gente a la que supuestamente busca beneficiar. Se esperaría que aprendiéramos de nuestra historia, pero aparentemente estamos condenados a repetirla.