Presidenta de la Comisión Nacional de Bienestar Social de Coparmex.
Ya tenemos presidenta, con “a”, y eso debemos festejarlo todas. Pero lo que no sabemos es cuán profundas y comprometidas serán las políticas públicas a favor de las mujeres, pues la evidencia indica que la llegada femenina a cargos ejecutivos públicos no garantiza una agenda de cambios sustantivos a favor de la equidad e igualdad entre géneros.En parte por falta de compromiso y también por factores estructurales que continúan limitando el desarrollo personal de las mujeres en el país.
Sólo el 44.9% de las mexicanas en edad de trabajar están empleadas. Es la tercera tasa de empleo femenino más baja de la OCDE, después de Turquía (28.7%) y Grecia (41.7%), y muy por debajo del promedio general (60.1%). Por el contrario, los hombres mexicanos tienen tasas de empleo relativamente altas (el 78.5% están empleados), esto da lugar a una de las mayores brechas de género en el empleo en los países miembros de dicho organismo.
Las brechas tienden a aumentar durante los años de formación de la familia, ya que la maternidad tiene hoy efectos negativos sobre la participación de la mujer en la fuerza de trabajo, su remuneración y su progresión profesional. Esto ocurre, sobre todo, cuando la oferta de servicios públicos de calidad para el cuidado infantil no cubre la demanda, como es el caso en México.
De ahí que uno de los mecanismos más relevantes para evaluar las primeras acciones de la nueva administración sea el nivel de compromiso y profundidad que tenga la presidenta electa a favor de un Sistema Nacional de Cuidados que erradique la percepción de que trabajo y maternidad son incompatibles.
Se debe tener un alto nivel de compromiso con la inclusión desde una perspectiva estructural que reformule el ecosistema de incentivos a la participación económica femenina, no con dádivas, sino con instituciones que faciliten la incorporación de las mexicanas al mercado laboral para superar la pobreza y fomentar la movilidad social. No hay mejor indicador del compromiso político con la prosperidad femenina que este. No hay mayor demanda y presión a ejercer sobre los programas de gobierno que esta.
La agenda debe incluir también una propuesta clara, suficiente y realizable que impulse condiciones laborales más favorables para las mujeres trabajadoras mexicanas y sus familias. Una agenda que replantee de fondo cómo sí podemos generar poder económico y de consumo en todas. Un verdadero protocolo de inclusión pasa por fortalecer las finanzas de las mujeres y el efecto positivo (y multiplicador) que ello conlleva para el pleno ejercicio de sus libertades.
Por ello, no podemos esperar menos que un Sistema Nacional de Cuidados abocado a reducir la discriminación por maternidad, respaldar la lactancia materna con horarios flexibles y salas adecuadas, y abogar por licencias de maternidad (y también de paternidad) que reflejen las responsabilidades y necesidades familiares.
El nuevo gobierno debe priorizar a las mujeres y a las madres en el presupuesto de egresos, asignando recursos a políticas públicas que realmente las respalden y fortalezcan.
Urge regresar las guarderías infantiles y políticas más justas para madres trabajadoras y personas cuidadoras, mejorando progresivamente las prestaciones, licencias, permisos y políticas de conciliación trabajo-familia. Urge que las evaluaciones serias con un enfoque trascendente, como el realizado por Mamá Godín, puedan ser impulsadas desde lo público para darle visibilidad nacional y local a las buenas prácticas que algunas empresas ya hacen.
Urge un ecosistema de cambios profundos que sea abrazado con convicción por un gobierno con relevante vocación feminista que construya país para todos. Un nuevo gobierno que apueste por el Sistema Nacional de Cuidados y los efectos en la productividad de mujeres y de país. Ahí está la demanda más genuina, ahí está la nueva oportunidad
