Una coalición de grupos defensores de los inmigrantes demandó el miércoles al gobierno federal por la reciente directriz del presidente Joe Biden que prácticamente suspende las solicitudes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos, argumentando que no es muy distinta a una acción similar de la presidencia de Donald Trump que los tribunales bloquearon.

La demanda —presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros organismos a nombre de los grupos activistas Las Americas Immigrant Advocacy Center y el Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES)— representa la primera ocasión en que se pone a prueba la legalidad de las amplias restricciones de Biden en la frontera sur, que se produjeron tras meses de deliberaciones internas en la Casa Blanca y con las que se pretende en parte desviar los ataques al presidente por su manejo de la inmigración.

“Al implementar una prohibición al asilo que es jurídicamente indistinguible de la prohibición de Trump que bloqueamos con éxito, no tuvimos más opción que presentar esta demanda”, dijo Lee Gelernt, abogado de la ACLU.

La orden que Biden emitió la semana pasada limitaría la tramitación de solicitudes de asilo una vez que el número de encuentros con migrantes entre los puertos de entrada llegue a 2 mil 500 al día.

Deportaciones alcanzarían cifras récord

La medida entró en vigor de inmediato debido a que las últimas cifras disponibles eran mucho más altas, de aproximadamente 4 mil encuentros diarios.

Las restricciones permanecerán vigentes hasta dos semanas después que la cifra de esos encuentros diarios entre puertos de entrada se ubique en o por debajo de mil 500 al día durante un promedio de 7 días.

Pero está lejos de quedar en claro cuándo es que los números alcanzarían niveles tan bajos; la última vez fue en julio de 2020, durante la pandemia de COVID-19.

La orden entró en vigor el 5 de junio, y funcionarios del gobierno federal han dicho que anticipan que las deportaciones alcancen niveles sin precedentes

Pero los activistas argumentan que suspender el asilo para los migrantes que no lleguen por un puerto de entrada específico —algo que el gobierno de Biden está tratando que hagan— viola la actual ley federal de inmigración, entre otras inquietudes.

“Desde hace mucho tiempo, Estados Unidos ha dado albergue a refugiados que buscan resguardarse de persecuciones. La Ley de Refugiados de 1980 consagró ese compromiso nacional dentro de una ley. A pesar de que en el transcurso de los años el Congreso ha implementado algunas limitaciones al derecho al asilo, nunca ha permitido que el poder ejecutivo prohíba categóricamente el asilo basándose en el lugar por el que una persona que no es ciudadana ingresa al país”, escribieron los grupos en la demanda.

Biden invocó la misma autoridad jurídica que utilizó el gobierno de Trump para su prohibición al asilo, que corresponde a la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Esa disposición permite que un presidente limite la entrada de ciertos migrantes si su ingreso se considera “perjudicial” para los intereses del país.

Durante su campaña de reelección, Biden ha criticado en repetidas ocasiones las políticas migratorias de Trump, y su gobierno alega que esta directriz es distinta, ya que incluye varias exenciones por motivos humanitarios.

Por ejemplo, las víctimas de tráfico de personas, los menores que viajan sin compañía de un adulto y aquellos con emergencias médicas graves no estarían sujetos a los límites.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional se negó a comentar sobre la demanda, pero indicó: “La norma para Proteger la Frontera es legal, es crucial para reforzar la seguridad fronteriza, y ya está teniendo impacto. Las acciones impugnadas permanecen en vigor y seguiremos implementándolas”.