Tres denuncias anónimas recibidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dieron pie al inicio de sendas investigaciones contra funcionarios de la institución, incluidos magistrados.

Los casos están radicados en los expedientes TE-SUP-QRA-1/2024, TE-SUP-QRA-2/2024 y TE-SUP-QRA-3/2024, mismos que inicialmente se presentaron ante la Suprema Corte y la Secretaría de la Función Pública.

Dos de los casos fueron radicados a la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, por estar estrechamente relacionados, sin que haya una fecha límite para que se emita una resolución.

El tercer caso fue turnado a la ponencia de la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Aralí Soto.

Este último es uno de los expedientes enviados desde la SCJN, quien consideró que los hechos no hacen referencia directa o indirecta a conductas atribuibles a personas servidoras públicas del máximo tribunal del país.

Las notificaciones de estos tres casos omiten referencia sobre la o las personas denunciadas y los hechos específicos que se les atribuyen. Autoridades del TEPJF dijeron que eso es en atención al principio de presunción de inocencia.

No obstante, sí se refiere, en dos de los casos, que las denuncias son directamente contra una persona titular de una de las magistraturas del TEPJF, y el otro es contra otros servidores públicos de la institución.

Fuentes consultadas por El Financiero señalan que una de las investigaciones es contra el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien hasta diciembre pasado se desempeñó como presidente del TEPJF.

Rodríguez Mondragón renunció a la presidencia del tribunal, presionado por un revuelta que encabezaron la ahora presidenta, Mónica Aralí Soto, y los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera.

La y los magistrados argumentaron que su “levantamiento” se debió a la pérdida de confianza en Rodríguez Mondragón.

Las fuentes consultadas dijeron que Rodríguez Mondragón estaría siendo investigado con base en una denuncia anónima que lo acusó de una serie de irregularidades en el desempeño de su función.

Y es que el magistrado insistentemente ha sido ligado al Partido Acción Nacional (PAN) y miembros destacados de ese partido como Roberto Gil. Además, se pidió investigar su patrimonio y manejo financiero en el TEPJF.

Cabe destacar que no es el primer expresidente del tribunal electoral que ha sido investigado.

Y es que su predecesor, José Luis Vargas, también fue investigado por autoridades federales por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. No se sabe si esa indagatoria aún continúa abierta o ya se envió al archivo.