Después del histórico triunfo de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de la República, nos encontramos a pocos días de que nombre al gabinete que la acompañará en el “Segundo Piso de la Transformación”. Es un momento crucial para reflexionar y redefinir, con un diagnóstico certero y autocrítico, el rumbo del sistema de salud en México bajo la premisa de la “continuidad con cambio”.

La atención médica, que hasta hace poco era responsabilidad de las Secretarías de Salud Estatales y ahora se “federaliza” bajo el Organismo Público Descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar, ha mostrado avances en 23 entidades federativas, pero aún tiene sus desafíos. Este proceso de centralización representa un paso en la dirección correcta y debe ser profundizado durante la administración de la Dra. Sheinbaum.

El IMSS-Bienestar, al ofrecer servicios de salud a la población sin seguridad social e incluso a quienes ya cuentan con ella, funcionará como un subsistema de salud universal a nivel nacional. Actuará como una “bisagra” para unificar todos los subsistemas del Sistema Nacional de Salud, incluyendo la participación regulada de los servicios médicos privados. Todo esto bajo la rectoría de la Secretaría de Salud federal y específicamente, del Servicio Nacional de Salud Pública, en conformidad con las recientes reformas a la Ley General de Salud.

El progreso del IMSS-Bienestar es esencial y debe consolidarse. No obstante, persiste una confusión entre esta institución y el IMSS en su régimen obligatorio (ordinario). El IMSS-Bienestar y el IMSS ordinario son entidades distintas, cada una con su propio director general. La primera atiende a quienes no tienen derecho a la seguridad social, mientras que la segunda, financiada por cuotas tripartitas, atiende a trabajadores formales y a sus familias.

En el IMSS ordinario, un análisis desde el derecho humano a la salud, y no solo desde los “indicadores de productividad” promovidos por la Nueva Gestión Pública, revela muchas áreas de mejora que deberán abordarse en la próxima administración.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) define el derecho a la salud como un derecho humano que debe garantizarse a todas las personas sin discriminación, abarcando no solo el acceso a servicios médicos, sino también los factores sociales y económicos que influyen en la salud. Durante la actual administración, el IMSS ha sido la institución gubernamental con más quejas ante la CNDH por presuntas violaciones al derecho humano a la salud.

De 2019 a 2023, el número de quejas contra el IMSS en la CNDH se ha incrementado en un 70 por ciento (de tres mil 374 a cinco mil 759). Aunque de 2019 a 2021 hubo una disminución del 20 por ciento (de tres mil 374 a dos mil 704), esta tendencia se revirtió drásticamente en los años siguientes. En 2023, las quejas alcanzaron un pico alarmante, destacándose las siguientes: omisión de atención médica (dos mil117 quejas), trato discriminatorio e indigno (881), deficiencias en los trámites médicos (808), falta de infraestructura (757), prestación indebida del servicio público (595) y omisión en el suministro de medicamentos (527).

Estos datos reflejan una creciente insatisfacción entre los derechohabientes. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG/INEGI) 2023 confirma esta realidad, mostrando una disminución del 3.3 por ciento en la satisfacción con los servicios del IMSS de 2021 a 2023, pasando del 52 por ciento al 48.7 por ciento, lo cual es estadísticamente significativo.

La saturación de los servicios en el IMSS y las quejas de los derechohabientes impactan directamente en la satisfacción laboral de su personal de salud (médicos, enfermeras, personal auxiliar y administrativo). Esta situación es poco analizada por los equipos directivos, quienes se preocupan más por “cumplir con el indicador” (bajo una lógica aún neoliberal) que por mejorar la empatía en la relación médico-paciente y las condiciones laborales de su personal.

Para la futura presidenta, la transformación del IMSS debe ser un recordatorio de que detrás de cada queja hay una persona cuya dignidad y derechos deben ser protegidos y un trabajador que debe ser apoyado. La “continuidad con cambio” es una necesidad urgente para continuar con la transformación del sistema de salud mexicano en uno que responda a las necesidades de la población.