El Gobierno de Argentina, presidido por Javier Milei, anunció este martes que impulsará una reforma migratoria por la que propondrá que se cobre a los extranjeros por la atención sanitaria y el acceso a educación universitaria, a la par que ampliará el listado de delitos por los que se impedirá el ingreso a la nación.
«Vamos a impulsar una serie de modificaciones al régimen migratorio con la finalidad de avanzar hacia un país ordenado, que cuide sus fronteras y a los ciudadanos», manifestó el portavoz presidencial argentino, Manuel Adorni, en rueda de prensa desde la Casa Rosada.
De acuerdo con Adorni, se prevé que «las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes». Esta medida servirá como «fuente de ingresos para las casas de altos estudios», que podrán financiarse con las costas impuestas a los extranjeros.
Según datos compartidos por el portavoz del Gobierno, hasta un tercio de los estudiantes de Medicina son extranjeros.
Por otro lado, el Gobierno argentino contempla ponerle fin a la gratuidad de la atención sanitaria también para extranjeros. De acuerdo con Adroni, desde que se adoptó una medida similar en la provincia de Salta «bajó al 95% la atención extranjera y se generó un ahorro de 60 millones de pesos argentinos».
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Esta medida no solo permitirá un ahorro fiscal, sino que también servirá para brindar «una mejor atención» sanitaria a la población argentina. «Nos despedimos de los famosos tours sanitarios tan conocidos aquí», dijo, aludiendo al fenómeno conocido como ‘turismo de salud’.
Finalmente, el portavoz del Gobierno argentino señaló que la tercera pata de la reforma migratoria que propondrá en el Parlamento incluye también ampliar el listado de delitos por los cual se impedirá el reingreso al país o que podrían justificar la expulsión de ciudadanos extranjeros.
Adorni explicó que se las autoridades atrapan a un extranjero «cometiendo un delito o violentando el sistema democrático», automáticamente será expulsado del país y se le prohibirá ingresar de nuevo. Además, se impondrán penas de prisión a aquellos que violen la prohibición de reingreso.
«De ahora en adelante, los malandras y oportunistas deben quedarse en sus casas del otro lado de la frontera y no venir a Argentina a hacer daños a los ciudadanos que residen en territorio nacional», remachó el portavoz de Milei.
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