La semana pasada se escucharon serias amenazas desde Canadá. Los primeros ministros de las provincias de Ontario y Alberta piden que México sea excluido del actual tratado trilateral de libre comercio América del Norte y que Canadá vuelva a firmar un nuevo tratado bilateral de libre comercio con Estados Unidos. Las solicitudes se basan en la acusación de que México está incumpliendo con las reglas de origen establecidas en el tratado al permitir que China exporte hacia Canadá y Estados Unidos al amparo del mismo tratado, lo que está ocasionando un daño a su economía.
Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmó que el tratado actual es benéfico para los tres países y que la continuidad del T-MEC es su primera opción, pero agregó que “lo ideal sería que lo hagamos como un mercado norteamericano unido pero, en espera de las decisiones que México haya tomado, es posible que tengamos que considerar otras opciones”.
En respuesta, la presidenta Sheinbaum negó que México sea utilizado por China como trampolín para evitar las restricciones que Canadá y Estados Unidos imponen a las exportaciones chinas y que tampoco se están violando las reglas de origen establecidas en el tratado. Más aún, señaló que la intención del gobierno mexicano es sustituir una fracción de las importaciones que se realizan desde China por su producción por empresas de Norteamérica como parte de la integración regional.
¿Esta controversia está sustentada con información sólida o son solo percepciones? Con la información oficial mexicana, no hay forma de saber cuánto de las exportaciones mexicanas al amparo del T-MEC son en realidad productos chinos. Sheinbaum señaló que ella puede probar que las acusaciones por parte de Canadá no son ciertas. Debe divulgar la información que dice tener.
Pero más allá de esta controversia, las palabras de Trudeau “en espera de las decisiones que México haya tomado” reflejan una preocupación mucho más profunda que refleja las varias violaciones al T-MEC por parte del gobierno mexicano. Un listado de algunas de estas.
1. La reforma judicial y la elección de jueces “palomeados” por el gobierno o afines a este no garantiza que haya tribunales independientes e imparciales. Esto adquiere relevancia por controversias que se susciten en materia mercantil y de competencia, más aún si estas son entre empresas canadienses o estadounidenses y el gobierno mexicano.
2. Por un concepto patriotero y erróneo de soberanía energética, la reforma constitucional que otorga trato preferencial a Pemex y a CFE y discrimina a las empresas privadas viola los capítulos 8 (hidrocarburos), 14 (inversión) y, específicamente, el capítulo 22 (empresas estatales). En este último, el T-MEC especifica que la regulación interna debe otorgar trato igual a empresas gubernamentales y privadas, por lo que el trato diferenciado a favor de las empresas públicas constituye una abierta violación.
3. La reforma constitucional que extingue a los órganos autónomos en materia de telecomunicaciones (IFT) y competencia (Cofece) viola los capítulos 18 (telecomunicaciones) y el 21 (competencia). En particular, el T-MEC exige que el gobierno mexicano tenga un órgano autónomo, independiente del Poder Ejecutivo, para regular telecomunicaciones y radiodifusión. Su extinción ya fue aprobada por la Cámara de Diputados; falta el Senado, por lo que de concretarse violaría abiertamente el tratado.
El diputado morenista Ricardo Monreal propuso (y se aprobó por parte de los diputados) la creación de un engendro denominado “Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones”, como un órgano descentralizado de la Secretaría de Economía que absorbería lo relativo a competencia y que actualmente son funciones de IFT y Cofece. Este engendro seguiría violando el T-MEC, ya que no es autónomo más el hecho de que la regulación en materia de telecomunicación y radiodifusión serían absorbidas por la nueva Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones la cual, al depender de la Presidencia de la República, obviamente no es autónoma.
4. Prohibición de minería a cielo abierto se constituye como una violación del capítulo 14 del T-MEC relativo a las inversiones, ya que no cumpliría con la cláusula de “Nivel Mínimo de Trato”. La prohibición podría violar el compromiso de mantener las condiciones de apertura acordadas al momento de firmar el tratado y afectaría principalmente a compañías mineras canadienses.
Estas son solo algunas de las modificaciones que le han hecho López, Sheinbaum y el Congreso al marco institucional y que violentan el T-MEC. El potencial conflicto con Canadá y próximamente también con Estados Unidos cuando Trump asuma la Presidencia va más allá del comercio con China. Las reiteradas violaciones al tratado por parte del gobierno mexicano dificultarán, en el mejor de los casos, la revisión que se le haga en 2026, pero no se puede descartar que en algún momento México sea finalmente excluido. Los radicales en Morena, quienes siempre se opusieron al TLCAN, estarían felices, pero sería el último clavo al ataúd en el que ellos han enterrado a la economía mexicana.
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